Un grupo de niños y niñas juegan al balón en una cancha de cemento en Unión Hidalgo, en el Istmo de Tehuantepec, en el sureste mexicano, allí dónde México se estrecha y la cintura de tierra entre los dos océanos mide solo doscientos kilómetros. En el horizonte se erigen filas de aerogeneradores de energía eléctrica, que bautizan a los jugadores como “aerogubiños”, una contracción de “aero” y “gubiños”, gentilicio del pueblo.

En esta cancha modesta y sin redes en las porterías ni césped en el campo juegan al fútbol 527 niñas, niños y jóvenes vestidos con el uniforme blanco oficial del equipo más rico del mundo, el Real Madrid. Las camisetas contrastan en una región donde todavía se ven los estragos del terremoto que arrasó México en septiembre de 2017, y donde 6 de cada 10 de sus habitantes viven bajo el umbral de la pobreza.

Esta cancha es una de las escuelas sociodeportivas de la Fundación Real Madrid que, presidida por el empresario Florentino Pérez Rodríguez, promueve siete proyectos de escuelas de futbol en México para las poblaciones desfavorecidas. Una gran campaña de mercadotecnia para el club, en los mismos lugares donde el holding Actividades de Construcción y Servicios (ACS), que también dirige Florentino Pérez, tiene inversiones millonarias.


Pérez se ha hecho famoso por presidir el equipo blanco, que según Forbes es “el club más valioso del mundo”, valorado en 2019 en 3.800 millones de euros, con ingresos anuales de 751 millones de euros y beneficios de 94 millones. Migajas comparado con la otra cartera de Florentino. ACS es la principal concesionaria española en el mundo y según sus últimas cuentas públicas (marzo 2019) su cartera asciende a 72 mil millones de euros.

Tan sólo un dato: cuando Florentino se convirtió en presidente del Real Madrid en el año 2000, ACS era la quinta constructora de España, seis años después ya era la primera. Hoy no hay quien le haga sombra.


Una de las operaciones más importantes para este crecimiento fue la adquisición en 2003 del Grupo Dragados, que catapultó a ACS al número uno de España y tercero de Europa. Así mismo, la adquisición de una participación de la alemana Hochtief, en 2007 y, el último pelotazo, en 2018, con la compra de Abertis.

Ya hay ríos de tinta sobre las relaciones político-empresariales que se tejen en los asientos VIP de los grandes equipos de fútbol. Al palco presidencial del Santiago Bernabéu se invita a la plana mayor del fútbol, política y negocios. Desde el rey Felipe VI, hasta Angélica Rivera, la esposa del entonces presidente mexicano Enrique Peña Nieto, en 2014.

Un año antes, el 9 de julio del 2013, Florentino Pérez se reunió en la residencia oficial con el presidente Peña Nieto. A la reunión también asistieron los ministros mexicanos de Energía, Comunicaciones y Transportes y Medio Ambiente y Recursos Naturales. También los directores de las empresas públicas Pemex y el de la Comisión Federal de Electricidad, con quién ACS tiene convenios en México. A través de un boletín de presidencia, se informó poco después de esta reunión que Dragados, filial de ACS, firmó el contrato de un gran proyecto de construcción de plataformas marinas en los yacimientos petroleros de Campeche.

Si bien en los viajes oficiales del ejecutivo español a México u otros países es habitual que a los políticos les acompañen un grupo de grandes empresarios y la patronal, no lo son las visitas unilaterales entre un solo empresario y un presidente de un gobierno extranjero. En cambio el Real Madrid parece tener carta blanca. 

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“¿Qué presidente desde México y hasta la Patagonia no le tomaría el teléfono o recibiría a Florentino Pérez como presidente de Grupo ACS, si además es el presidente del Real Madrid, que es una marca global de enorme influencia y, sin duda, la mayor del fútbol español? La respuesta es más que obvia”

asegura en entrevista el ejecutivo de un despacho madrileño que promueve inversiones entre España y México, y que prefiere salvaguardar su anonimato. “Su poder traspasa fronteras, evidentemente”, subraya sobre Florentino Pérez.


Puertas giratorias


Si el propio Florentino Pérez es el ejemplo del éxito de las puertas giratorias –empezó en la política a los 28 años como concejal en el Ayuntamiento de Madrid por la extinta UCD y fundó un partido político que no tuvo éxito, de la mano del político y abogado de grandes empresas y de la familia real, Miquel Roca i Junyent, también consejero independiente en ACS–, sigue aplicando esta práctica en sus negocios para asegurarse buenas relaciones en las administraciones públicas.

El actual presidente de Avanzia, una de las marcas que agrupa una docena de filiales de ACS en México, es Francisco Gil Díaz, quien fuera subsecretario de hacienda y subgobernador del Banco de México en los 90 y seguidamente ministro de Hacienda entre 2000 y 2006.


Pero las puertas no pararon de girar: desde 2006 y hasta 2012, cuando ACS e Iberdrola se asociaron, esta última tuvo en su consejo de administración a Georgina Kessel Martínez, quien fue ministra de Energía con el PAN y titular de la Comisión Reguladora de Energía. También a Jesús Ramírez Stabros, quien era al mismo tiempo coordinador de vinculación de la Oficina de la Presidencia de la República de Peña Nieto. Y como director a Sergio Manuel Alcocer Martínez, ex subsecretario de Energía y que posteriormente fue subsecretario de Relaciones Exteriores en el gobierno de Felipe Calderón. De hecho, este expresidente mexicano fue contratado en 2016 en Avangrid, filial estadounidense de Iberdrola. 

Con estas credenciales, las 47 filiales de ACS en México, obtuvieron 16 contratos del gobierno de Fox (2001-2006) por 6 mil 339 millones de pesos; en el sexenio de Calderón (2006-2012) existen registros de 43 contratos, por 44 mil 291 millones de pesos; y el gobierno de Peña Nieto les otorgó al menos 27 contratos, por un monto total de 84 mil 709 millones de pesos, según una investigación de Proceso, medio mexicano colaborador de esta serie de reportajes. En total, más de 6 mil millones de euros solo en contratos públicos en tres mandatos.


Latinoamérica, el cortijo del Ibex


Aunque muchos gobiernos municipales que reciben obras de transnacionales se jactan de la participación de empresas españolas en sus territorios, no todo es limpio y transparente. Según el Atlas Global de Justicia Ambiental (2018) hay 2.316 conflictos socioecológicos en todo el mundo relacionados con megaproyectos. Contaminación, rotura del tejido comunitario, explotación laboral o corrupción son algunas de las consecuencias del paso de ciertas empresas.

ACS es una de las compañías firmantes del Pacto Global de empresas de la ONU, que establece que se deben cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible y garantizar el respeto a los derechos humanos, a la negociación colectiva, la responsabilidad ambiental y evitar la corrupción. Pero algunas firmas se convierten en papel mojado. Lo demuestran comunidades como Papantla, en Veracruz (México) en la que ACS participa de la explotación de pozos petroleros que contaminan el agua de la zona.

“Cabe destacar el papel de la Secretaría de Medio Ambiente mexicana, que manipula las Manifestaciones de Impacto Ambiental. Trabaja en colusión con las empresas y los intereses económicos del gobierno”, apunta Adriana Aguilar, del equipo de Investigación de Asilegal. México ocupa el lugar 138 de 180 en el Índice de Percepción de Corrupción y el cuarto en el Índice Global de Impunidad: “es un país muy favorable para la inversión privada extranjera, lo que abre la puerta a la corrupción”, apunta Aguilar. 


El modus operandi de entrada de estas empresas a las comunidades se repite, según la experta. Falsas promesas de prosperidad y progreso, trabajo y salida de la pobreza e inversión para arreglar caminos, escuelas o centros médicos. Pero, cuando las comunidades se dan cuenta de que esas mejoras no llegarán nunca, “ya es tarde, puesto que los líderes sociales o políticos ya han sido identificados y sobornados”, aseguran desde Asilegal.  Así, la empresa tiene los votos asegurados en las consultas que, por ley, deben realizarse en las comunidades antes de emprender este tipo de proyectos.

“Se trata del mayor derecho de las comunidades, que sistemáticamente se ve vulnerado. Las consultas deben ser legales, libres e informadas, pero muchas veces sus resultados no se cumplen o las comunidades se ven coaccionadas por los sobornos o las amenazas”.

Cabe destacar, que en 2018 se detectaron (oficialmente) 49 agresiones y 21 asesinatos de defensores de defensores del medio ambiente en México.


Bajo sospecha en el gobierno de López Obrador


A finales de marzo de 2019, ACS se convirtió en la empresa española con más multas por amañar contratos, ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y en México hay al menos dos investigaciones abiertas en el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador por contratos en los que está involucrada Avanzia. Sólo un mes después de la investidura del nuevo presidente de México, el pasado 1 de diciembre, se hizo público un expediente que inhabilitaba a Avanzia para concursar en proyectos públicos en la Ciudad de México por un año y tres meses. 

Esta sanción fue a raíz del concurso de la empresa española para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), en la que la empresa española habría cometido “irregularidades” en la documentación presentada en los procesos de licitación, que tuvieron lugar en 2016. La empresa no ha respondido a las preguntas de este medio sobre este hecho y el gobierno mexicano ha obviado dos peticiones de Transparencia para conocer los documentos originales sin dar razón alguna.

A pesar de haber sido la filial Dragados la que se presentó al concurso, es Avanzia la que carga con la sanción, por ser la marca madre de ACS en México. Así, las otras filiales del grupo de Florentino Pérez, incluida la misma Dragados, pueden operar con total normalidad en México. A pesar de ello, la inhabilitación sí tuvo consecuencias en el seno de la empresa: la salida a bolsa de Avanzia se retrasó y su CEO fue sustituido.


La inhabilitación significaba empezar con mal pie con el nuevo gobierno de México, por lo que los responsables del negocio industrial de ACS, con Eugenio Llorente a la cabeza, viajaron junto a otros empresarios españoles en la visita de estado de Pedro Sánchez a México a finales de enero. Eugenio Llorente, presidente de Cobra, filial de ACS, también se halla imputado en España por un presunto desfalco de 600 millones de euros en la construcción de la planta desalinizadora de Escombreras, en Murcia.

Las acusaciones de corrupción también han cruzado el charco. La misma Cobra se habría beneficiado en el mandato de Enrique Peña Nieto de la compra a sobreprecio de unas plantas de la empresa Agro Nitrogenados a Altos Hornos de México (AHMSA), propiedad del multimillonario Alonso Ancira Elizondo. El 22 de mayo de 2019, la Fiscalía General de la República (FGR) mexicana ordenó detener a Ancira en España,


También emitió una orden de aprehensión contra el ex director general de la empresa pública Pemex, Emilio Lozoya Austin –que estaba en la reunión de Florentino Pérez y el presidente Peña Nieto– al determinar que Lozoya pagó un soborno de 3.5 millones de dólares a Ancira en la transacción.

Pemex, bajo la dirección de Lozoya, adquirió estas plantas en estado de “chatarra” y contrató a la empresa Cobra en 2014 para rehabilitarlas. Según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Cobra obtuvo el contrato tras presentar una propuesta económica de hasta 260 millones de dólares, pero en noviembre de 2015, se incrementó este monto a 443 millones de dólares. En la auditoría se observó que Cobra cometió irregularidades por cerca de 900 millones de pesos en la remodelación de las plantas; tres años después, la misma ASF observó que las cantidades multimillonarias que Pemex inyectó provocaron pérdidas superiores a 21 mil millones de pesos.

Cobra obtuvo el contrato para rehabilitar las plantas el 29 de agosto de 2014. Dos días antes, Pemex le había otorgado otro contrato mediante invitación restringida, por 559 millones 967 mil dólares, para edificar una planta de tratamiento de aguas y una productora de hidrógeno, así como para remodelar las plantas hidrodesulfuradoras de la refinería de Tula, en Hidalgo –la misma planta por la que la empresa brasileña Odebrecht supuestamente pagó 5 millones de dólares de sobornos a Lozoya–.

En otras palabras: en apenas dos días, los 27 y 29 de agosto de 2014, Pemex otorgó a filiales de ACS dos contratos por mil millones de dólares; ambos vinculados con proyectos salpicados por escándalos de sobornos.

El 1 de septiembre siguiente –es decir, dos días después–, el Real Madrid contrató de sorpresa y en el último minuto a Javier “Chicharito” Hernández, entonces sustituto en el Manchester United y emblema internacional del balompié mexicano .


La carta blanca del Real Madrid


Los reporteros Alejandro Gutiérrez y Beatriz Pereyra en la edición 1981 de Proceso revelaron la coincidencia entre el otorgamiento de los contratos y el fichaje de Hernández en octubre de 2014, y una situación similar con la contratación del colombiano James Rodríguez, por 80 millones de euros, tan solo dos meses después de que el Grupo ACS obtuviera el contrato para construir y operar una carretera en Colombia, un proyecto de 700 millones de euros.

Florentino Pérez utiliza con frecuencia la imagen del Real Madrid para promocionar sus demás negocios. En septiembre de 2011, por ejemplo, la Fundación Real Madrid se asoció con la institución gubernamental Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Veracruz y juntos abrieron cinco escuelas sociodeportivas, en zonas donde las empresas de ACS desarrollan proyectos energéticos. En aquel entonces, el DIF era presidido por Karime Macías, la ahora esposa prófuga del exgobernador Javier Duarte de Ochoa, preso por actos de corrupción.

Son solo algunos ejemplos de cómo ACS y su presidente, Florentino Pérez regatean la cancha de futbol, los negocios y la política en México y anotan goles a través de 76 contratos a filiales del consorcio ACS, por más de 6 mil millones de euros, convirtiéndose en el empresario extranjero más favorecido de los últimos tres gobiernos del país azteca.