Es la zona más estrecha de la geografía mexicana y concentra la mitad de la industria energética eólica. Hasta ahí llegaron los inversionistas españoles, entre ellos, Florentino Pérez, presidente de ACS (Actividades de Construcción y Servicios, SA)​ a sacar dinero de donde la población oaxaqueñas no pensaban que podía salir: del viento.

 Con contratos de 30 años, empresas españolas -entre ellas ACS, que preside Florentino Pérez-,  así como su antigua socia Iberdrola y otras empresas que lideran megaproyectos en América Latina como ​Gas Natural Fenosa, Acciona o Renovalia​, alquilaron a campesinos pobres sus tierras a precios ridículos de 3 mil pesos mensuales para instalar los aerogeneradores que aprovechan el fuerte viento del Itstmo que es capaz de derribar árboles, casas, pesados camiones de carga, autobuses, coches y torres eléctricas. 

El Istmo de Tehuantepec, con 200 kilómetros de ancho es la zona más angosta que posee México entre los océanos Pacífico y Atlántico.

Habitada por indígenas huaves, zapotecos y zoques, tiene amplios recursos marítimos, petróleo, maderas y ahora el viento, que es un negocio redituable, ya que la velocidad media anual es de 10 metros por segundo, mientras el promedio en el mundo es de 6 metros por segundo.  Además, son vientos relativamente estables, lo que le da un potencial energético que ha atraído a 24 empresas extranjeras y mexicanas, las cuales  han instalado 2,123 aerogeneradores en 28 parques eólicos y, junto con sus socios, son los beneficiarios finales de los 2 mil 360 megawatts de electricidad que se producen en el Istmo de Tehuantepec y que representan la mitad de lo que se genera en todo el país.

Estos nuevos molinos de viento ocupan una extensión de 100 mil hectáreas (la extensión de 100 mil campos de futbol) que antes eran tierras de cultivo de maíz, sorgo, caña de azúcar y pastizales para ganado. 

Sin importar las protestas de algunos de los grupos sociales y defensores del territorio que han denunciado corrupción, impactos económicos y ecológicos negativos, empresarios y autoridades del gobierno tienen proyectado instalar 3 mil generadores para el año 2030. El secretario de Medio Ambiente, Energía y Desarrollo Sustentable de Oaxaca, José Luis Calvo, dijo hace un par de años que ya se tenía asegurada una inversión de 4 mil millones de dólares, que representa el 90 por ciento de las inversiones en este estado.

Santo Domingo Ingenio

En diez años la vida de este municipio cambió radicalmente. Cuando la Operadora Azucarera Tehuana cerró el ingenio azucarero en 2012, la mayor parte de la población se quedó sin empleo. Entonces muchas familias campesinas cambiaron la siembra del maíz por el sorgo, con la idea de mejorar su economía. Pero no fue suficiente.

 La tenencia de la tierra en el municipio es comunal, su principal actividad económica es la agricultura con cultivos del maíz, sorgo y caña de azúcar y en menor medida la cría de ganado vacuno, cabras, cerdos. De ahí que el cierre del ingenio fuera brutal para la mayor parte de las familias.

En medio de la crisis creada por el cierre de la principal fuente de empleo, en 2012 aparecieron como una esperanza un grupo de empresas de la industria eólica: las españolas ACS, Iberdrola y Renovalia, la mexicanas Demex (Desarrollos Eólicos Mexicanos) y la CFE (Comisión Federal de Electricidad). 

ACS e Iberdrola, que para entonces eran socias, llegaron con una propuesta que a los campesinos inicialmente les pareció una salvación: rentarles sus tierras por 30 años para plantar torres de energía eólica que hoy inundan una buena parte de los pueblos del istmo de Tehuantepec.

Como en casi todos los municipios donde se instalaron las empresas de energía eólica, para asegurar el negocio propusieron a los dueños de las tierras un precontrato de apartado por mil pesos (unos 50 euros) con la promesa de que en los 30 años de arrendamiento tendrían otros beneficios como empleo, luz más barata, alimento para sus animales, escuelas, hospitales y deportivos.

 Luego vendrían los contratos definitivos con letras pequeñas que la mayoría de los campesinos no entendieron y que ahora luchan por rescindir.​ 

En 2012, el entonces presidente de México Felipe Calderón inauguró el parque eólico Oaxaca I junto con Gustavo Fernández Tresgallo, director general de ACS.

“Esta inauguración mostró el lado sucio de la industria eólica que el discurso oficial promociona como sustentable y limpia”, comenta Héctor Cruz, maestro de educación básica e integrante de uno de los grupos de campesinos de Santo Domingo Ingenio que rechazaron los contratos.

Asegura que no hubo asambleas comunitarias para que la población se enterara de las condiciones de los contratos de uso de sus tierras, tal como lo marca el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas en Países Independientes ratificado en 1990 por México.  

 “Los contratos eran muy amañados, tenían letras chiquitas para durar de 20 a 30 años con renovación automática”, comenta Héctor Cruz. Incluso cuenta que las empresas querían quedarse con los terrenos en caso de que murieran los dueños aunque las tierras son comunales. 

 Además, recuerda que desde los primeros contratos pagaron solo los metros donde instalan los aerogeneradores y no toda la extensión de la propiedad por hectárea como les dijeron: “Un peso cincuenta centavos por metro cuadrado pagaron, se aprovecharon todos, las empresas y los líderes. Para convencerlos les llevaron cerveza y pollos”. ​ 

 Habla delante de las rejas de una empresa eólica a las afueras de la ciudad de Juchitán de Zaragoza, el centro económico y político de la región del Istmo de Tehuantepec. En 1994 la Comisión Federal de Electricidad instaló en Juchitán la primera generadora de energía eólica, y diez años después, con las reformas a las leyes mexicanas, se abrió el mercado a las trasnacionales. ​Hoy existen 56 parques eólicos en 13 estados donde se generan 5 mil 507 MV, la mitad en Oaxaca. 

 Las llanuras de Santo Domingo Ingenio, orientadas hacia el océano Pacífico por donde entran los vientos, son las más cotizadas por los empresarios. Solo entre el 2012 al 2015 se han instalado 9 parques eólicos con 603 aerogeneradores. En toda la zona del Istmo de Tehuantepec hay un total de mil 462.  

 El primer parque que se instaló fue la Venta III por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) e Iberdrola, le siguieron ese mismo año del 2012 ​Oaxaca I de EYRA -ACS y CFE, Oaxaca II, III y IV de CFE y Acciona, y el parque Piedra Larga de Renovalia y Demex. En 2013 la francesa EDF (Électricité de France) y la japonesa Mitsubishi instalaron el parque Eoliatec del Pacífico. Para el 2014 Renovalia y Demex colocaron Piedra Larga II y en 2015 Zuma Energía el parque Zuma. 

 El maestro Héctor Cruz precisa que la estrategia de las empresas fue convencer de manera individual a los comuneros para firmar los contratos y no a través de las asambleas. “Rompieron el tejido comunitario”, afirma con pesar, pues ahora los campesinos no pueden acceder a sus tierras si no tienen autorización de los empresarios, que han contratado equipos de seguridad privada y van armados. 

 “Ellos son dueños de las entradas, tiene seguridad y a los ejidatarios les dan una tarjeta para que puedan entrar. Los beneficios que prometieron inicialmente no se han cumplido, según explica. Por ejemplo, “hay comunidades que no tienen luz y la energía se va a otro lado. Le dije a un empresario, ustedes están recibiendo euros de ganancias y a los campesinos les dan pesos”. La mayoría de la población no sabe cuántas empresas se benefician de la electricidad que se genera en su región y se asombran cuando les pasamos la lista de las más de 400 empresas beneficiarias: Telmex, Cemento Cruz Azul, Wal Mart, Soriana, , BBVA Bancomer, Kimberly Clark, Cemex, Chedrahui, Oxxo, Cemento Moctezuma, Jugos del Valle, Nestlé, Pepsico México.  

 Sara Méndez, defensora de derechos humanos e integrante de ​Coódigo DH comenta que empresas como Fuerza Eólica del Istmo, que  opera en el parque de La Ventosa e Ixtaltepec, se negó a  firmar el compromiso impulsado por el gobierno estatal para que se pague a los municipios 10 mil pesos por mega producido. En contra parte, los habitantes del Istmo sólo disfrutan de un descuento de 30% en el consumo eléctrico,  y en algunos casos otro de 27 pesos, llamado “Beneficio Eólica del Sur”.

Aunque algunos habitantes de Santo Domingo Ingenio creían que la instalación de eólicas les daría trabajo durante años, no ha sido así. “Los más beneficiados han sido los anteriores alcaldes, que recibieron 72 millones de pesos por “licencias de construcción” sin que se reportaran en las finanzas del gobierno municipal”, comenta el maestro Héctor Cruz.

La actual alcaldesa, Amelia Gómez Ríos, defiende la llegada de las empresas desarrolladoras de energía eólica a Santo Domingo Ingenio. La población luce todavía los estragos de los sismos de septiembre del 2017 cuando se dañaron más de 500 casas, de las cuales 250 se perdieron totalmente

 Militante del PRI (Partido Revolucionario Institucional) reelecta para estar al frente del municipio cuatro años más, toma con pinzas el tema del dinero que las empresas dan como “aportación social” por la instalación de los parques.

Es un tema muy espinoso porque hay personas que están contra de la construcción de los parques eólicos.

dice Amelia Gómez al admitir que sus antecesores se llevaron el dinero que aportaron las empresas para obras sociales.


Por eso yo prefiero que lo usen directamente.

precisa Amelia Gómez

La edil presume que Iberdrola auspició la construcción de la Casa de Cultura y un parque infantil que lleva en la fachada de ambas edificaciones el logo y el nombre de la empresa española. No obstante, admite que ninguna de las desarrolladoras de energía eólica ayudó en la reconstrucción de las casas dañadas por el sismo.  

La presidenta municipal asegura que 500 personas viven de la industria eólica y tres de ellas ofrecen cursos de capacitación a jóvenes que posteriormente son empleados en cualquiera de los parques que hay en el país. 

 Sobre las demandas que los pobladores impusieron a las empresas, argumenta que no puede meterse porque son contratos privados que aceptaron ambas partes. “No sabemos cuánto ganan, ninguna empresa lo ha informado”, admite.  

A pesar de los beneficios que la presidenta municipal asegura ha tenido la llegada de las eólicas a Santo Domingo Ingenio, los investigadores Sergio Juárez Hernández y Gabriel León rechazan esa afirmación en su estudio “Energía Eólica en el Istmo de Tehuantepec: Desarrollo, Actores y Oposición Social”, realizado en 2014.

“En municipios como Juchitán de Zaragoza, Asunción Ixtaltepec y Santo Domingo Ingenio, donde se ha concentrado el desarrollo eólico, de 2000 a 2010, habiendo ya proyectos en operación o en construcción, esos municipios mantuvieron un grado de marginación medio. Para las localidades, si bien algunas como La Venta y La Mata, conservaron un grado de marginación medio, otras como La Ventosa y Santo Domingo Ingenio pasaron de grado de marginación medio a alto”. 

Destacan los investigadores una paradoja:  5.1% de la población de Oaxaca habitaba en viviendas sin servicio de energía eléctrica en 2010, entonces el porcentaje más alto en el país y muy arriba de 1.9% en escala nacional (Coneval, 2011). 

Es por ello que advierten que uno de los efectos sociales negativos de los proyectos eólicos en esta zona de México  ha sido el de acentuar las asimetrías socioeconómicas que comienzan a emerger entre quienes reciben pagos por arrendar sus tierras y aquellos que no los reciben o que ni siquiera poseen tierras.

“Esta situación genera tensiones y división al interior de las comunidades y con ello aviva el rechazo de sectores de la población local a los proyectos eólicos”, concluyen.

“Firmaron y se chingaron”

Guadalupe Ramírez, indígena zapoteca del municipio Unión Hidalgo, al igual que muchos de sus vecinos, firmó un contrato en 2011 con la empresa Demex que instaló un parque eólico en sociedad con la española Renovalia. 

Pero la firma fue casi a ciegas, sin información, por lo que ahora Ramírez y otros 40 propietarios originarios están peleando en los tribunales que se anulen. Todos y cada uno de ellos está inconforme con la misma situación que no detectaron en el contenido de los contratos: que sus tierras quedaban hipotecadas por tres décadas a favor de las empresas. 

 “Los contratos son leoninos, cuando se firmaron no teníamos el conocimiento de su contenido, cuando nos explicaron las cláusulas no entendíamos y luego cuando quisimos cambiarlas, la empresa Demex no quiso. Firmaron y se chingaron, nos dijo Fernando Ballesteros, representante de la empresa, a pesar de que estaba la promesa de que se iban a revisar los contratos en el 2011 y no fue así y hasta la fecha los quieren hacer válidos”. 

 Cuando firmó el contrato, Guadalupe Ramírez confiaba en que las cosas marcharían bien, pero el día que quiso renovar la hipoteca con Financiera Rural le revelaron su situación: sus tierras estaban hipotecadas a favor de Demex. 

 De inmediato acudió a los tribunales agrarios de Juchitán pero se les negó la anulación. “Hubo presiones por parte del gobernador Gabino Cué para que no se anulara”, afirma la habitante de Unión Hidalgo, municipio donde Demex tiene 2 mil hectáreas contratadas. En esa tierra, la empresa francesa EDF, que creó Eólica de Oaxaca, busca construir un parque de 4 mil hectáreas sobre la zona de riego y en el área pegada al mar. 

 En Unión Hidalgo, según cuenta Guadalupe Ramírez, pasó algo similar a lo ocurrido en el municipio vecino de Santo Domingo Ingenio, no hubo consulta al pueblo en la que se diera la información completa por parte de las empresas sobre el impacto que tendría la instalación de los parques eólicos, las autoridades municipales se corrompieron y las empresas no cumplieron con los ofrecimientos de trabajo, mejorar las condiciones de la comunidad y cuidar el medio ambiente. 

 Además de esto, ​en connivencia con el gobierno de la entidad, las empresas se encargaron de cambiar el régimen de propiedad comunal o ejidal a privada, para que se pudieran firmar los contratos​. Incluso, cuando ya hubo necesidad de hacer las asambleas pagaron para que la gente votara a favor de la instalación de los parques eólicos.  

 “Estamos peleando contra dos monstruos, contra las empresas y el gobierno, a las comunidades indígenas las aplastan, eso no se vale. Las amenazas van a seguir. Ahorita estamos en manos de una juez en Oaxaca que detuvo el caso el 23 de marzo porque dijo que las cosas no se están haciendo bien. Pero tiene mucha presión, incluso del gobernador Alejandro Murat”, asegura Guadalupe Ramírez. 

En Unión Hidalgo se suceden las hileras de aerogeneradores. Las torres están apenas a escasos metros de una escuela y de una cancha de futbol. En este municipio, como en la Agencia Municipal de San Martín, a las orillas de la ciudad de Oaxaca de Juárez, ubicada a las faldas de las pirámides de Monte Albán, la empresa ACS que encabeza Florentino Pérez ha instalado escuelas de futbol del Real Madrid para niños, como “proyectos sociales y solidarios”. 

Son ocho las que ha formado en México ( dos en la Ciudad de México y en Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Campeche y Chihuahua)  la mayoría en los lugares donde realizan inversiones, como una forma de congraciarse con la gente usando el nombre del equipo de futbol que Florentino Pérez preside.

 De pie ante un aerogenerador, Guadalupe Ramírez pide que se escuche el ruido que producen las aspas y luego apunta a la base de la torre metálica, de donde sale aceite que se derrama en la tierra. Eso, afirma, es contaminación porque el sonido ahuyenta a las aves y el aceite se trasmina a los mantos freáticos. “Nos dieron atole con el dedo y eso está pasando en todos lados”.

La defensa

 En 2013 Juchitán albergó un Seminario Internacional sobre Megaproyectos de Energía y Territorios Indígenas llamado “El Istmo en la encrucijada”. En la declaratoria concluyeron: “no estamos en contra de la tecnología para generar energía mediante las fuentes renovables; pero sí rechazamos su uso a favor del mero lucro de las empresas y en detrimento de los pueblos y de su patrimonio biocultural”.

En San Dionisio del Mar hay un estero natural que durante años ha sido el sostén del pueblo, porque allí pescan el camarón. Los pobladores, indígenas huaves, se rigen ancestralmente en asamblea para dirimir sobre sus tierras y otros problemas cotidianos, pero tienen una presidencia municipal y un alcalde, que negoció directamente con las empresas de energía eólica. Al parecer querían construir un muelle sobre el estero y poder así instalar otro parque eólico. Los habitantes, -que ya habían visto a los pueblos vecinos llenarse de aerogeneradores- se opusieron, hasta tal punto de echar al edil. 

“Echamos al presidente municipal porque firmó un convenio con una empresa eólica sin dar conocimiento al pueblo y por ello recibió 24 millones de pesos”, explica  Alejandro Sosa López, representante de la asamblea de San Dionisio del Mar. Esta asamblea sustituyó y tomó el Palacio Municipal hace 7 años y desde entonces son la autoridad colectiva del pueblo. 

Saidel Palafox es un indígena huave de San Dionisio del Mar. La noche del 12 de julio del 2017  junto a otros pobladores de San Mateo, San Francisco del Mar y Álvaro Obregón, quemaron la maquinaria de la empresa Spectra que quiso dragar la Barra de Copalita, al considerar que les estaban engañando porque cinco años después seguían con la misma intención de instalar un muelle y un parque eólico sin el permiso de la comunidad.

Desde la playa, Saidel mira del otro lado de la barra natural de Santa Teresa y a lo lejos se ven las torres eólicas desafiantes al horizonte marítimo.  “Si la empresa quiere entrar otra vez, no les vamos a dejar”, asegura. “Estamos cuidando la tierra y el mar para que no entren las eólicas”, añadepunatualiza.